Organizaciones de la sociedad civil alertan sobre violencia en el periodo de elecciones

Bogotá, 12 de febrero de 2026

Las 30 organizaciones firmantes, articuladas en la Alianza por la Democracia, hacemos un llamado al gobierno colombiano a atender con seriedad y prontitud a las alertas que, sobre el riesgo de violencia política en las próximas elecciones legislativas y presidenciales, han emitido la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Defensoría del Pueblo, la Misión de Observación Electoral (MOE) y Human Rights Watch (HRW), entre otras instituciones y grupos. El consenso de los informes es que el 2025 fue un año crítico en términos de orden público y expansión de los grupos armados ilegales en Colombia, lo que amenaza con impedir que las elecciones que empezarán en menos de un mes se desarrollen de manera pacífica y justa. Somos conscientes de que la violencia ha asediado la democracia y los procesos electorales en Colombia históricamente, pero ante la gravedad de la situación actual y del riesgo que en este momento se cierne sobre la vida democrática en Colombia, exhortamos al gobierno a que responda urgentemente ante esta amenaza para asegurar que haya elecciones libres, transparentes y seguras.

Según un análisis conjunto de la Registraduría, la Defensoría, la Policía Nacional y la Fiscalía General, en más de cien municipios del país la presencia de grupos armados ilegales amenaza de manera grave con incidir en el desarrollo de las elecciones. Según un reciente informe de la MOE, hay 339 municipios en Colombia, lo que equivale a un tercio del total de municipios del país, donde la violencia pone en riesgo el proceso electoral, mientras que en 171 municipios hay riesgo tanto de violencia como de fraude, entre los que 81 están en riesgo extremo. Por su parte, en su informe mundial de 2025, HRW señaló que Colombia tuvo el año pasado una de las peores crisis humanitarias de la década, a causa de los abusos de los grupos armados ilegales, las limitaciones en el acceso a la justicia y los altos niveles de pobreza. Esto amenaza gravemente, según la organización, el desarrollo de las próximas elecciones. La Defensoría, además, alertó sobre los riesgos que la violencia en el discurso y la publicación de noticias falsas significan para la democracia en estos meses electorales.

Además de los riesgos para el futuro electoral inmediato, todos estos informes y alertas coinciden en que el crecimiento de los grupos armados ilegales y la falta de respuesta estatal ante su expansión han configurado una situación en la que la violencia política es una realidad que ya está incidiendo en el desarrollo de las campañas. El asesinato el año pasado del precandidato Miguel Uribe Turbay es ya una mancha indeleble en el curso de estas elecciones. A este hecho se suman, entre otros, la destrucción de las vallas publicitarias de la campaña de Juan Carlos Pinzón en el Catatumbo —después de que, según medios regionales, el ELN anunciara la prohibición de cualquier tipo de publicidad electoral en esta región—, el atentado contra la caravana del senador Jairo Castellanos en Arauca, el secuestro de la senadora Aída Quilcué, la situación de orden público en el Catatumbo —bajo el asedio del ELN—, y la reciente ola de ataques y amenazas contra candidatos, y de anuncios de toque de queda, del ELN y otros grupos armados en distintas regiones del país.

Por todo lo anterior, las organizaciones firmantes consideramos que el gobierno debe actuar de forma inmediata y sistemática para proteger las elecciones en Colombia. Es inaceptable que la violencia política determine, como en cierta medida ya lo ha hecho, el curso de la democracia colombiana este año, y que la expansión del control territorial de los grupos armados ponga en riesgo la posibilidad misma de que los colombianos ejerzan sus más básicos derechos democráticos. Es la responsabilidad del gobierno nacional corregir esta situación y asegurar que la democracia colombiana pueda desenvolverse sin la amenaza de la violencia y la ilegalidad.