Bogotá ha construido ya una importante trayectoria en el desarrollo de prácticas participativas, en las que sus ciudadanos se han involucrado en el diseño, la ejecución y el seguimiento de políticas públicas para la ciudad y sus localidades. En buena parte, tales experiencias han sido posibles gracias a la intención, consignada en el Estatuto Orgánico de Bogotá, de promover desde la Administración Distrital la intervención ciudadana en los asuntos públicos como un ingrediente importante de la gestión pública, y a la consecuente creación de una compleja infraestructura de espacios y mecanismos de participación a través de los cuales puede hacerse efectivo ese propósito.

En las últimas tres décadas también se ha dado una historia de movilización ciudadana por fuera de los ámbitos institucionales existentes, alrededor de problemas específicos como la construcción de infraestructuras, la provisión de vivienda, la prestación de servicios públicos, o la atención a los sectores más pobres de la población, por ejemplo, lo cual ha permitido, según lo señalan las pocas estadísticas disponibles, un incremento del número de organizaciones sociales.

Con esos antecedentes y desde finales de la década de 1980, Bogotá comenzó a abrir su proceso de planeación a la participación de los ciudadanos y las ciudadanas. Ese proceso ha venido creciendo de la informalidad a la institucionalización y de lo sectorial a lo integral en los múltiples ejercicios realizados desde ese momento tanto a nivel distrital como de las localidades, regidos por diversas normas.